La Seguridad Social concedió en el pasado ejercicio 198 aplazamientos que permitieron a empresas y autónomos la regularización de sus deudas
09/03/2011
Balance de gestión 2010 de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social de Ceuta.
Durante el año 2010 la Seguridad Social autorizó 198 aplazamientos, 96 más que en 2009, lo que supone un incremento del 94,1 % según el balance de gestión que ha presentado hoy el director provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS), Pedro María Sánchez Cantero, quien ha explicado que para la concesión de aplazamientos se ha tenido en cuenta la difícil situación por la que atraviesan algunas empresas y trabajadores autónomos cuyos proyectos empresariales, siendo viables, presentan dificultades de liquidez; por ello, cuando éstos atraviesan por problemas de carácter coyuntural, pero acreditan su viabilidad, se les facilita la autorización del aplazamiento, consiguiendo con ello su continuidad y el mantenimiento de los puestos de trabajo.
En cuanto al control de la deuda, la Tesorería General de la Seguridad Social ha intensificado el seguimiento de las primeras deudas detectadas en las grandes y medianas empresas que hasta ahora no habían incumplido sus obligaciones de pago. Durante 2010 han sido objeto de análisis específico 464 empresas, dato que supone un incremento del 100,8 % respecto al año 2007. Como resultado de estas actuaciones, una vez conocida la deuda de las empresas que contraen un primer impago con la Seguridad Social, se ofrece a éstas la posibilidad de regularizar la deuda, bien efectuando pago o bien obteniendo un aplazamiento. Así, en el año 2010, el 77,5 % efectuaron el pago total o parcial de la deuda, concediéndose aplazamiento al 17,5 %.
En 2010 se emitieron 53 derivaciones de responsabilidad frente a las 72 emitidas en el año 2009, lo que implicó un descenso del 35,8 % reclamándose por esta vía durante el año 2.010 deudas por importe de 910.975.- euros.
En este balance destaca la actual tasa de morosidad, que teniendo en cuenta la previsión de liquidación de 2010, se sitúa en el 2,97 %, dato que puede considerarse aceptable teniendo en cuenta la situación económica actual.
Se ha destacado el dato de la recaudación obtenida solo en vía ejecutiva durante 2010 que ha sido de 2.351.055,9 euros, un 8,5% más que el año anterior. Esta cifra es la más elevada desde la creación de esta Unidad de Recaudación Ejecutiva de la Seguridad Social en 1988 y se debe fundamentalmente a un mayor esfuerzo para mejorar la gestión realizada por el personal de estas unidades, al avance de las aplicaciones informáticas que facilitan el seguimiento de la deuda y de los deudores, y al reforzamiento de los mecanismos de colaboración con otras entidades públicas y privadas.
Estos factores, resultado de la adopción de medidas por parte de la TGSS que ha tratado de anticiparse a los acontecimientos, han contribuido a la contención de la deuda pendiente de pago en vía ejecutiva, lo que implica que desde la Seguridad Social se han activado todos los medios necesarios para hacer efectivo el cobro de las cantidades debidas, a través de una adecuada planificación de las actuaciones.
En relación a las actuaciones llevadas a cabo en la vía ejecutiva, al margen del dato de recaudación señalado, en 2010 se efectuaron embargos de bienes, inferiores en número en todas sus modalidades a excepción de valores y bienes muebles que se incrementaron.
La Tesorería General de la Seguridad Social continúa impulsando actuaciones para hacer frente a comportamientos fraudulentos, bien a propia iniciativa, o bien contando con la colaboración de otras administraciones, como la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, la Agencia Estatal de la Administración Tributaria o las Diputaciones Forales. Parte de estas iniciativas ya se programan a través del Observatorio del fraude. Con carácter general destacan las actuaciones sobre bajas irregulares en determinados periodos del año, con un total de 38 actuaciones, derivaciones de responsabilidad general con 29 y otras como seguimiento de empresas insolventes con actividad, contratos a tiempo parcial, falsos autónomos y aquellos sectores de actividad en los que debido al mayor volumen de contratación se produce más fraude.