Yolanda Díaz exige restituir la financiación del SERLA en Castilla y León
07/02/2024
Reunión con los representantes de los sindicatos de Castilla y Léon
• Se ha reunido con representantes de CCOO y UGT de Castilla y León para analizar la situación de este servicio de mediación laboral
• “Es gravísimo dejar de tener un servicio como el SERLA, que permitiría solventar muchos conflictos a través de la mediación. Resolvía a diario centenares de problemas, daba garantías jurídicas a trabajadores y empresas”, ha asegurado
la vicepresidenta
7 de febrero de 2024.– La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, se ha reunido hoy con los secretarios generales de UGT Castilla y León y CCOO Castilla y León, Faustino Temprano y Vicente Andrés, respectivamente, así como Fernando Fraile, Secretario de Acción Sindical de CCOO CyL y Fernando Luján, Vicesecretario general de Política Sindical de UGT, para analizar la situación del Servicio Regional de Relaciones Laborales (SERLA), el órgano de mediación en conflictos laborales que ha dejado de funcionar por falta de financiación autonómica.
La Comunidad de Castilla y León ha retirado la financiación a este servicio regional del que forman parte tanto las organizaciones sindicales como las patronales. Su gestión es imprescindible para dirimir conflictos entre trabajadores y empresas, evitando así que acaben teniendo un recorrido en los tribunales, así como para garantizar la aplicación de los derechos laborales.
“Es gravísimo dejar de tener un servicio como el SERLA, que permitiría solventar muchos conflictos a través de la mediación. Resolvía a diario centenares de problemas, daba garantías jurídicas a trabajadores y empresas”, ha asegurado la vicepresidenta al término de la reunión, que ha sido celebrada a petición de las organizaciones sindicales.
El Ministerio de Trabajo y Economía Social ha dirigido dos requerimientos formales al gobierno autonómico para que adopte las medidas necesarias que permitan dar continuidad a este servicio y le dote de los recursos económicos necesarios para que pueda recuperar su normal funcionamiento y garantizar la aplicación de la legislación laboral en Castilla y León. La situación ha sido incluso denunciada por la OIT, que a través de una carta de su secretario general, Gilbert F. Houngbo, ha instado a la vicepresidenta a tomar todas las medidas necesarias para restablecer este órgano de diálogo social.
Se trata de una situación sin precedentes en España, donde existen instituciones laborales semejantes a nivel autonómico y estatal. Suprimir este servicio atenta contra los derechos de los trabajadores y perjudica también a las empresas.
Además, va contra las recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que propugna la existencia de organismos de conciliación laboral gratuitos para prevenir y solucionar conflictos entre empresas y trabajadores.
Este servicio, “está siendo absolutamente violentado” por el Gobierno de Castilla y León, ha insistido la ministra.