Más de 150 entidades locales navarras y el Gobierno foral se adhieren al Punto de Entrada de Facturas Electrónicas de la AGE
15/01/2015
- Sólo en la Administración General del Estado (AGE), la tramitación electrónica ahorrará al año 51 millones de euros y 2,3 millones de euros más por dejar de tramitarlas en papel
- Todas las facturas de los proveedores de las AAPP quedarán automáticamente registradas y tanto las Administraciones Públicas como los proveedores podrán hacer un seguimiento de las mismas desterrando la posibilidad de ocultar facturas
- Las Administraciones Públicas tendrán un mayor control contable de las facturas, lo que permitirá un mejor cumplimiento de los plazos de pago, un mayor control de gasto público y del déficit, así como profundizar en la lucha contra el fraude
15 de diciembre de 2015.- Todas las Administraciones Públicas tienen que recibir desde hoy de forma obligatoria las facturas de sus proveedores por vía electrónica, de acuerdo con lo que establece la Ley de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable. En Navarra, el Gobierno de Navarra y más de 150 entidades locales de la Comunidad foral comienzan a tramitar desde hoy las facturas por esta vía.
Entre las entidades locales navarras que se han adherido al Punto de Entrada de Facturas Electrónicas de la Administración General del Estado (FACe) se encuentran los ayuntamientos de Pamplona, Tudela, Estella, Tafalla, Peralta, Viana, Burlada o Berriozar, así como las mancomunidades de la Sakana, la de servicios administrativos de Valdizarbe o la de Sangüesa, entre otras.
En este sentido, se recuerda a las entidades locales la obligación de cumplir la ley, bien adhiriéndose al Punto de Entrada de Facturas electrónicas (FACe) de la Administración General del Estado; bien utilizando cualquier otro punto de entrada.
Tan sólo podrán quedar excluidas de la obligatoriedad las facturas con importe inferior a 5.000 euros y las destinadas a servicios en el exterior.
El listado de entidades locales adheridas se puede consultar en http://administracionelectronica.gob.es/ctt/face/descargas en la sección “Listado de Entidades Locales adheridas”.
Cambio histórico en la Administración
Esta Ley representa un importante avance en la Administración electrónica y un cambio histórico en la facturación de las Administraciones Públicas españolas. En un período aproximadamente de un año, las AAPP han puesto en funcionamiento sistemas de gestión y seguimiento de su facturación a través de los registros contables para adecuarse a la factura electrónica a través de sus puntos de acceso, lo que representa un esfuerzo importante por el cambio radical de un sistema de papel a otro íntegramente electrónico.
La Administración General del Estado, además, ha realizado un doble esfuerzo, por un lado, adaptar todos sus sistemas a la factura electrónica y, por otro lado, proporcionar un punto general de entrada de facturas electrónicas adaptado también para incorporar a todas las Administraciones Territoriales. Éstas, podían crear su propio punto de acceso o utilizar el que la Administración General del Estado ha puesto a su disposición, para facilitarles el trabajo y un ahorro considerable en la inversión.
La Administración General del Estado, además, ha tenido su Punto de Entrada de Facturas electrónicas funcionando desde el 15 de enero de 2014, un año antes, donde se han recibido facturas electrónicas de los proveedores, de forma voluntaria, desde el primer trimestre de ese año.
Adhesiones a FACe
Además de la Comunidad Foral de Navarra, también se han adherido a su utilización las CCAA de Asturias, Región de Murcia, Illes Balears, Extremadura, Ciudad Autónoma de Melilla, Cataluña, Andalucía, Canarias, Cantabria, Comunitat Valenciana, Aragón y Castilla-La Mancha.
Ahorros de la factura electrónica
Los ahorros anuales estimados, sólo para la Administración General del estado, por el cambio a tramitación electrónica de las facturas, se elevan a 51 millones de euros y 2,3 millones de euros de ahorro en papel.
Los ahorros por factura se calculan para los proveedores de bienes y servicios de las Administraciones Públicas en 0,70€, pasando de un coste en papel de 0,76€ a un coste electrónico de 0,06€.
Las Administraciones Públicas ahorran por recepción 2,78€, pasando de un coste en papel de 2,87€ a un coste en electrónico de 0,09€. En total, cada factura presentada supone un ahorro de 3,75€.
Lucha contra la morosidad
La Ley, aprobada dentro de las actuaciones del informe CORA, permite la erradicación de la morosidad en el sector público, donde ya -con anteriores medidas, como el Plan de Pago a Proveedores y el Fondo de Liquidez Autonómico- se ha conseguido reducir la deuda comercial de las Administraciones Territoriales un 70%, así como el período medio de pago a los proveedores que, en la Administración Central y la Seguridad Social, se situó ya en noviembre en sólo 9,59 días.
La puesta en marcha de los mecanismos extraordinarios de financiación, desde 2012, han conseguido la reducción de la deuda comercial de las Administraciones Territoriales, hay que destacar que a lo largo de estos años de han pagado más de ocho millones de facturas pendientes a casi 200.000 empresas, principalmente pymes y autónomos, que permitieron el mantenimiento de 400.000 puestos de trabajo y que representaron una inyección de liquidez a las Administraciones Territoriales superior a los 103.000 millones de euros.
Beneficios para proveedores y AAPP desde hoy
Se refuerza la protección de los proveedores, al dejar constancia de la fecha de presentación de su factura, lo que permite un mejor control de la misma. Además, se agiliza la tramitación de las facturas, al incorporar las nuevas tecnologías, facilitando su seguimiento para su pago posterior y para su control contable.
Y, dentro de las Administraciones Públicas, los órganos de control interno podrán acceder en cualquier momento a la documentación e información del registro contable de facturas y elaborarán anualmente un informe en el que se evaluará el cumplimiento de la normativa en materia de morosidad.
Los registros contables, además, remitirán a la Agencia Tributaria información sobre las facturas recibidas, con el objetivo de asegurar el cumplimiento de las obligaciones tributarias y de facturación. Asimismo, habrá intercambio de información entre la Agencia Tributaria, la Seguridad Social y las AAPP, con el objetivo de fortalecer también la lucha contra el fraude.